Preska ratificó su sentencia en contra de Argentina en el caso YPF, rechazando la apelación del país y confirmando la orden de transferir el 51% de las acciones de la petrolera a los fondos litigantes. La magistrada reafirmó así el reclamo económico derivado de la expropiación de la compañía en 2012, ascendiendo el monto a 16.000 millones de dólares, una cifra que el gobierno argentino continúa cuestionando.

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Argentina había presentado fundamentos argumentando que el cumplimiento del fallo tendría «consecuencias irreversibles» y que se sustenta en un «ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial». Sin embargo, Preska ratificó su decisión a pesar de que los propios beneficiarios han manifestado su intención de transferir los títulos de inmediato, lo que podría anular futuros efectos de apelaciones o fallos favorables para Argentina.

Esto se produce a pesar de las denuncias de violaciones a la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras y principios del derecho federal estadounidense, pues la jueza no concedió la suspensión que permitiría a Argentina transitar todas las instancias judiciales manteniendo su participación mayoritaria.

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Más allá de las negociaciones bilaterales y la posibilidad de llegar a la Corte Suprema de los Estados Unidos. La ley votada en 2012 por el Congreso Nacional de Argentina exige explícitamente una nueva aprobación legislativa para la transferencia de cualquier acción de la petrolera de bandera, lo que añade una capa de complejidad al caso. Fuentes periodísticas informaron que la jueza Preska convocó una reunión para este martes 15 de julio, donde los demandantes buscarán informes de otras empresas estatales argentinas con el fin de explorar embargos y posibles acuerdos, los cuales serían perjudiciales para los intereses nacionales argentinos.

El gobierno argentino ahora apuesta a la intervención directa del presidente estadounidense Donald Trump, quien promovió en su momento una «declaración de interés» a través del Departamento de Justicia de Estados Unidos en relación con este diferendo, lo que Argentina considera un precedente favorable para su posición. Este recurso diplomático subraya la complejidad del caso, que trasciende lo judicial para insertarse en el ámbito de las relaciones bilaterales.

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